Por Melanie Slone
“Ahora no es el momento de gestionar su estatus migratorio ni de buscar acceso a servicios por su cuenta”, afirma Katia Hansen, presidenta y directora ejecutiva de UURISE (Servicios y Educación para Refugiados e Inmigrantes Unitarios Universalistas). “Es imperativo que consulte con un servicio reconocido por el Departamento de Justicia (DOJ) o con un abogado de inmigración especializado en casos migratorios”, explica.
Cambios recientes en las políticas de inmigración
“Hemos observado tres áreas principales de enfoque bajo la actual administración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, señala Hansen, primero, el aumento de la aplicación de la ley en el interior del país, lo que incluye la ampliación de las expulsiones aceleradas. En lugar de permitir que las personas que se encuentran en proceso migratorio residan en la comunidad, el DHS está intentando someter a todos a detención obligatoria.
Segundo, la administración actual está limitando los tipos de beneficios y recursos migratorios disponibles y dificultando el seguimiento de los procesos legales vigentes; esto incluye la solicitud de asilo, la petición de naturalización, el patrocinio de familiares o la renovación de permisos de trabajo o del programa DACA.
Existe una prohibición de viaje que afecta a 93 países; significa que, salvo contadas excepciones, los ciudadanos de dichos países no pueden obtener una visa para ingresar a Estados Unidos, y muchas de sus solicitudes para obtener otros beneficios migratorios se encuentran en pausa, incluso si ya estaban en trámite antes de que se impusiera la prohibición.
Tercero, se eliminan algunas protecciones legales, tales como el “parole” categórico y el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Verificaciones vecinales
Se están llevando a cabo verificaciones vecinales para quienes solicitan la naturalización. Un oficial del USCIS acude a un vecindario y pregunta a los vecinos si el solicitante posee un buen carácter moral. “Esto pone su estatus legal en manos de personas con las que tal vez no se lleve bien”, afirma Hansen.
La información sobre “Conozca sus derechos” difiere en este contexto. Por ejemplo, estos oficiales no necesitan una orden judicial. Los oficiales han conversado con propietarios y administradores para averiguar si los residentes pagan el alquiler a tiempo, si existen quejas en su contra y quiénes habitan en la vivienda.
Campo de tiro en Escondido
Algunos procedimientos han estado vigentes desde hace tiempo, pero ahora están captando la atención pública; tal es el caso del arrendamiento de un campo de tiro en Escondido a DHS, un contrato en vigor desde 2014. La policía local no coopera con las autoridades de inmigración, y el campo se utiliza para el entrenamiento de agentes especiales. Sin embargo, cuando el contrato se prorrogó el 14 de enero de 2026, surgió una fuerte reacción adversa por parte de la comunidad. No se solicitó la aprobación de este contrato al Concejo Municipal de Escondido debido al monto económico involucrado.
El DHS ha comenzado a sacar provecho y a ampliar los límites de este tipo de acuerdos que ya existían, señala Hansen.
Cambios a CalFresh
A partir del 1 de abril, algunos beneficiarios de CalFresh dejan de recibir servicios, y sus beneficios serán reevaluados durante el próximo proceso de recertificación.
Eligible: ciudadano estadounidense, nacional estadounidense, residente permanente legal (LPR), persona admitida bajo la categoría de “Entrante cubano y haitiano” (CHE), o una persona que reside en Estados Unidos en virtud de un Acuerdo de Pacto de Libre Asociación (COFA).
No elegible: solicitante de asilo, refugiado o persona admitida bajo libertad condicional, con una orden de deportación o expulsión suspendida, admitida bajo entrada condicional, víctima de trata de personas o un no ciudadano víctima de maltrato.
Requisitos laborales
A partir del 1 de abril, entran en vigor requisitos laborales para CalFresh, aplicables a adultos de entre 18 y 64 años. Deberán trabajar un mínimo de 20 horas semanales u 80 horas mensuales, o participar en actividades laborales elegibles durante al menos 20 horas a la semana.
Exenciones: Ser menor de 18 años o mayor de 64; ser padre o responsable de un dependiente menor de 14 años; no ser apto física o mentalmente para el empleo; estar embarazada; estar sujeto a la ley IHCIA; participar en un programa de capacitación de la ORR al menos la mitad del tiempo; ser menor de 16 años; cuidar a un niño menor de 6; cuidar a una persona con discapacidad; ganar al menos $217.50 a la semana; recibir beneficios por desempleo; tener una discapacidad; asistir a la escuela al menos medio tiempo; cumplir con el requisito laboral de CalWORKS; estar inscrito en un programa de tratamiento para el abuso de drogas o alcohol.
Responda a todas las solicitudes de CalFresh para conservar los beneficios.
Asistencia disponible
Existen muchas fuentes de asistencia legal y alimentaria en el Norte del Condado de San Diego que no solicitan identificación ni estatus migratorio. Estas agencias dan orientación.
Existen muchas opciones gratuitas de asistencia alimentaria en el condado de San Diego, independientemente del estatus migratorio:
211sandiego.org ofrece una lista de recursos alimentarios para todo el condado.
El Banco de Alimentos de San Diego mantiene un mapa en línea de los sitios de distribución de alimentos de emergencia, el cual permite realizar búsquedas por código postal, horarios de atención y criterios de elegibilidad.
Feeding San Diego organiza distribuciones temporales en diversos lugares del condado y mantiene un mapa en línea de distribuciones de alimentos y despensas.
Jewish Family Services lleva a cabo distribuciones semanales bajo la modalidad de servicio desde el automóvil (drive-through).
211 (marcar 2-1-1)
Catholic Charities: 619 323-2841
Community Resource Center: (760) 753-1156
Interfaith Community Services: 760-489-6380
Jewish Family Services: (858) 637-3210
Lifeline: 888-724-7240
One Safe Place: 888-440-4673
UURISE: 760-477-7537 (servicios legales)
