Por Peter Schurmann, American Community Media
California alberga ocho centros de detención de gestión privada distribuidos en cuatro condados.
Actualmente, más de 65 mil personas se encuentran recluidas en alguno de los más de 200 centros de este tipo en todo el país. En California, esa cifra supera las 6 mil 800 personas. En lo que va de año, al menos 22 inmigrantes—seis de ellos en California—han fallecido bajo custodia del ICE.
Abundan los informes sobre condiciones insalubres y de hacinamiento, así como sobre alimentos en mal estado o contaminados y la negativa a proporcionar la atención médica necesaria.
Mientras tanto, las empresas que operan estas prisiones privadas—entre las que destacan Core Civic y Geo Group—han acumulado unos ingresos de 2 mil millones de dólares desde que Trump regresó a la Casa Blanca.
“Los directores ejecutivos están de celebración”, afirmó Masih Fouladi, director ejecutivo del California Immigrant Policy Center. “Esto es lucrarse a costa del sufrimiento humano”.
Fouladi intervino junto a destacados miembros de los grupos legislativos latinos, afroamericanos y asiático-estadounidenses (AAPI) de California durante una conferencia de prensa en Sacramento, donde los legisladores presentaron varias propuestas de ley enfocadas en lo que designan violaciones desenfrenadas de los derechos humanos en centros como Adelanto.
“Se acabó el secretismo”, declaró la senadora Lena Gonzalez, presidenta del Caucus Legislativo Latino de California, quien señaló que la administración ha detenido a unos 650 niños, 100 de los cuales tienen cinco años o menos.
Gonzalez es la autora del proyecto de ley SB 423, que exigiría la divulgación de todos los registros de llamadas al 911 y de emergencia provenientes de centros de detención privados en el estado. La iniciativa, copatrocinada por la First Amendment Coalition, surge tras los reportajes de Cal Matters sobre denuncias de agresiones sexuales en el centro de detención de Otay Mesa, en San Diego.
Al calificar de “inhumanas” las condiciones dentro de estas instalaciones, Gonzalez subrayó que los legisladores están “trabajando para fortalecer la supervisión estatal y dotar a California de herramientas adicionales para exigir responsabilidades a los operadores de los centros de detención de inmigrantes”.
Otros proyectos de ley presentados durante la conferencia de prensa del miércoles incluyen la SB 995, conocida como la Ley de Justicia Masuma Khan. Presentada por la senadora estatal Sasha Renée Pérez (demócrata por Pasadena), la medida lleva el nombre de Masuma Khan, una sobreviviente del incendio de Altadena (Los Ángeles) en 2025 que fue detenida por el ICE durante una cita rutinaria.
“Ella no tiene antecedentes”, dijo Pérez al presentar el proyecto. “Se le negó el acceso a un abogado y a atención médica. Le dieron comida con moho y agua sucia”.
De aprobarse, la SB 995 obligaría a los centros privados a cumplir con las rigurosas leyes estatales de salud y seguridad.
El proyecto de ley SB 942, la Declaración de Derechos de los Detenidos por Asuntos Civiles, establecería normas claras sobre el trato humano, la atención médica y la seguridad de los detenidos, así como mecanismos de rendición de cuentas para los operadores.
El proyecto SB 1399, presentado por la senadora María Elena Durazo (demócrata por Los Ángeles) y copatrocinado por el fiscal general de California, Rob Bonta, y la organización Immigrant Defense Advocates, evitaría que el actual marco estatal de supervisión expire el próximo año.
