Por Melanie Slone
El American Immigration Council ha publicado un documento con propuestas de reforma para la aplicación de las leyes de inmigración, con el objetivo de “restaurar la credibilidad y la humanidad en la legislación migratoria”.
El Consejo señala que la mayoría de los estadounidenses considera que la actual agenda migratoria está yendo demasiado lejos y que el apoyo a las deportaciones masivas ha disminuido drásticamente. Al mismo tiempo, la mayoría de los ciudadanos desea un sistema migratorio que aplique normas justas y mantenga la seguridad de las comunidades.
Es posible aplicar las leyes de inmigración de manera que se proteja a las comunidades y a las fuerzas del orden, permitiendo que estas últimas—tanto a nivel estatal como local—continúen su misión de combatir el tráfico sexual, el narcotráfico y las amenazas reales que afectan a nuestras comunidades, afirma el documento del Consejo.
Cuatro pilares para mejorar la situación migratoria con bases legales
Dado que el sistema migratorio se basa en leyes, el American Immigration Council propone cuatro pilares con fundamento jurídico para mejorarlo, respondiendo así a las inquietudes tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos estadounidenses.
Estos pilares buscan mejorar la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos y restaurar la confianza en las comunidades a través de un “sistema creíble y humano”.
Pilar 1: Cumplimiento
El gobierno debería establecer normas que la gente pueda cumplir, en lugar de tender trampas. Estas normas deberían incluir una vía más rápida para obtener la ciudadanía, especialmente para aquellas personas que llevan entre 10 y 20 años en el país, son residentes arraigados en sus comunidades y no representan una amenaza para la seguridad.
Asimismo, la agencia que administra el ICE no debería tener la facultad de expulsar a inmigrantes. Los procedimientos de expulsión deberían tramitarse a través del sistema judicial para evitar que la gente sienta temor y fomentar una mayor disposición a cumplir la ley. El documento señala que la administración actual modifica constantemente las prioridades en materia de legislación migratoria, así como las funciones y responsabilidades dentro del ICE.
Pilar 2: Seguridad
Las fuerzas del orden deben proteger a las comunidades de las amenazas, no tratar a comunidades enteras como una amenaza. Cualquier enfoque que no priorice la seguridad fracasará y no obtendrá el apoyo del público, señala el documento. Las amenazas reales a la seguridad deben abordarse sin convertir a poblaciones enteras en objetivos de deportación. Las tácticas actuales del ICE están tensando la colaboración entre autoridades, reduciendo la confianza del público en la policía local y disminuyendo la seguridad de todos.
Pilar 3: Proporcionalidad
Las consecuencias por infringir las leyes de inmigración deben ser humanas, razonables y adecuadas a cada caso. El sistema no debe tratar todas las infracciones por igual, sin considerar las circunstancias individuales. No se debe tratar a las personas como criminales peligrosos por cometer una infracción civil (violar las leyes de inmigración). Los jueces de inmigración deberían tener la facultad de imponer multas o servicios comunitarios, en lugar de verse obligados a recurrir a la deportación como única opción para cada caso.
Los datos demuestran sistemáticamente que, en promedio, los inmigrantes cometen menos delitos que los ciudadanos nacidos en el país. El público estadounidense apoya la deportación de personas que han cometido delitos violentos graves, pero no respalda la falta de humanidad hacia todas las poblaciones inmigrantes que puedan haber infringido el código civil de inmigración, lo cual constituye una infracción no violenta.
Pilar 4: Rendición de cuentas
Los agentes y las agencias que abusen de su poder deben rendir cuentas ante los tribunales. Actualmente, el público no puede presentar demandas contra los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley—incluidos los del ICE—, lo que priva a las víctimas de los derechos que les otorga la Séptima Enmienda. Los abusos del ICE denunciados en Minnesota y Los Ángeles demuestran la necesidad de mejores recursos legales para cuando los agentes abusan de su poder.
La aplicación de la ley no debe ser sinónimo de miedo; “no se pueden construir vecindarios seguros si comunidades enteras temen llamar al 911”, afirman los representantes del Consejo.
En mayo se aprobó un nuevo paquete legislativo que asignaba 70 mil millones de dólares adicionales al ICE y a la Patrulla Fronteriza, sin incluir nuevas disposiciones de supervisión.
Reforma migratoria integral
“No podemos limitarnos a oponernos al sistema de inmigración actual”, señalan los miembros del Consejo. “También debemos ofrecer soluciones, y eso implica presionar al Congreso y al presidente para que aprueben una reforma migratoria integral y efectiva”.
